Reportaje: Lucero Argamonte Saly Rosas
Revista Libertad, 01 de febrero, 2022
Uno de los tantos casos de corrupción, en la región de Ayacucho, es el de la Red de Salud Centro de Cangallo (UESCA). Esta Red de salud es una unidad ejecutora de la DIRESA, del Gobierno Regional de Ayacucho, y está en el ojo de la tormenta. Varios funcionarios de esta entidad de salud están implicados en una trama de corrupción y ahora investigados por la Contraloría General de la República, por la compra irregular de ecógrafos ultrasonidos por un monto de 371 mil soles.
En el Perú, la gente siente que la corrupción nunca acabará. Al parecer es mucho peor que la pandemia: un cáncer. Hay un retroceso en la lucha contra la corrupción. No hay una sola institución del Estado que no esté infestada de corrupción. La justicia no está cumpliendo en sancionar efectivamente. Por ello, la corrupción se reproduce en progresión aritmética. Las regiones se han convertido en verdaderos cacicazgos. La ley es impotente ante el cacique adinerado de turno.
Uno de los tantos casos de corrupción, en la región de Ayacucho, es el de la Red de Salud Centro de Cangallo (UESCA). Esta Red de salud es una unidad ejecutora de la DIRESA, del Gobierno Regional de Ayacucho, y está en el ojo de la tormenta. Varios funcionarios de esta entidad de salud estarían implicados en una trama de corrupción y ahora investigados por la Contraloría General de la República, por la compra irregular de ecógrafos ultrasonidos por un monto de 371 mil soles. Se trata de los funcionarios: Carlos Celestino Jayo Choque, Presidente del Comité de Selección, y entonces Administrador de la unidad ejecutora de Salud-Cangallo; Luis Alberto Pretell Pretell, contador, miembro del Comité, y Jefe de la Unidad de Abastecimiento de esa entidad de salud; Julia Ana Poma Gálvez, miembro del Comité, coordinadora y responsable de la Estrategia Materno Neonatal, y John Oscorima Bautista, responsable del almacén central de esa entidad.
Primer momento: Proceso de selección y otorgamiento de la buena pro
Según el Informe de la Contraloría N° 005-2021, estos funcionarios otorgaron la buena pro a una empresa postora que no cumplía con los requerimientos mínimos establecidos en las bases con el objeto de adquirir ecógrafos ultrasonido para los Centros de Salud de Chuschi, Pomabamba, Huanca Sancos y Vilcas Huamán, de las provincias de Cangallo, Huanca Sancos y Vilcas Huamán, respectivamente. Además, favorecieron a la empresa otorgándole conformidad de recepción, pese a no contar físicamente con los equipos.
En efecto, así fue. De acuerdo con el mismo informe específico de la Contraloría (005-2021-2-3446-SCE), se presentaron al concurso de selección tres empresas postoras: “CD Central de diagnóstico por imágenes SAC”, “Medicalab Sociedad Anónima” y “Pacífico Salud SAC”. La primera y segunda empresa no fueron admitidas por el Comité de selección, bajo el argumento de que ellas habían incumplido las especificaciones técnicas, sin precisar mayor detalle, lo cual, para la Contraloría, constituye una falta de transparencia de parte de los miembros del Comité. En cambio, la tercera empresa postora (Pacífico Salud SAC), fue favorecida. Pese a que había incumplido con los requerimientos mínimos, ganó mágicamente la buena pro. Ésta sería la crónica de una selección simulada anunciada.
El informe indica que, en el proceso de licitación, la empresa postora Pacífico Salud SAC no cumplió con presentar su declaración jurada de compromiso con el propósito de garantizar los insumos y materiales o repuestos originales de los ecógrafos para su funcionamiento por un periodo mínimo de cinco años; no obstante, el Comité, conformada por Carlos Jayo, Luis Pretell y Julia Poma, la favoreció validando el incumplimiento de la presentación obligatoria de dicho requisito. Así, el Comité avaló esta irregularidad.
Por otra parte, para seguir favoreciendo a Pacífico Salud SAC, el Comité habría modificado las especificaciones técnicas de las bases administrativas al momento de la integración de éstas, es decir, los miembros del Comité habrían acomodado las bases para favorecerla, con el fin de que ganara la buena pro; situación que causó la vulneración de “los principios de transparencia, imparcialidad, legalidad e igualdad de trato que rigen en las contrataciones del Estado”.
Eso no es todo, según las Bases integradas del proceso de selección, la Entidad de salud-Cangallo(UESCA) necesitaba ecógrafos con un transductor de características específicas; sin embargo, “Pacífico Salud SAC” no presentó sino ecógrafos con transductor de distinta característica de las requeridas, que no estaban establecidas en las bases. Es decir, presentó ecógrafos de baja calidad o baja capacidad, en perjuicio de la UESCA.
Así, el Comité de licitación se habría parcializado con el postor Pacífico Salud SAC al admitir su propuesta pese a no cumplir con las mencionadas especificaciones técnicas, y tras realizar la etapa tramposa de evaluación y calificación, le otorgó la buena pro.
Segundo momento: el acto de conformidad de recepción de ecógrafos fantasmas
Por si esto fuera poco, luego de que le hicieran ganar a la empresa, los funcionarios aparentaron otorgar la conformidad de recepción de los ecógrafos inexistentes a la misma empresa para darle el dinero. Es el caso de Jhon Oscorima Bautista (coincidentemente hijo del supuesto corrupto gobernador regional de Ayacucho) quien, en su calidad de responsable de almacén central, según el mencionado Informe, simuló la recepción de los equipos ecógrafos con fecha 30 de diciembre de 2017, aun cuando los ecógrafos recién se encontraron en almacén el 6 de febrero de 2018; vale decir, mintió que había recibido tales equipos; fabricó o inventó la recepción de ecógrafos que no llegaron físicamente a almacén: recibió ecógrafos fantasmas. Además, Jhon Oscorima emitió el documento de conformidad de compra mediante un acta, en la misma fecha, todo esto posiblemente con el propósito de no aplicarle a la empresa la penalidad de un importe de 37,100 soles por la demora o no entregar en la fecha señalada. El contrato para la entrega de los ecógrafos se suscribió el 29 de diciembre de 2017, para que se entregara en un plazo de 5 días calendarios, sin embargo, se entregaron a los centros de salud 34 días después del plazo de entrega establecido en el contrato, lo que perjudicó al Estado, especialmente a la entidad de salud.
Mucho peor es la situación de la obstetra Julia Poma, lo que ella hizo es grave. Y es que, según la Contraloría, Poma siendo miembro del Comité suscribió el documento de conformidad de recepción simulado. Así que, tanto Oscorima como Poma, habrían simulado la recepción de los ecógrafos de tal manera que favorecieron a la empresa Pacífico Salud SAC, de la que es dueña Gladis Mendoza Malca. Y en virtud de su conformidad de recepción, la empresa cobró la astronómica suma de S/371 mil. La explicación de este acto irregular sería que la empresa no habría tenido recursos para comprar los ecógrafos, y con el dinero que cobró recién los habría comprado. La postora Mendoza Malca ganó la buena pro al parecer sin tener solvencia económica y gracias a sus padrinos.
Poma transgredió el Art. 09 de la Directiva de Tesorería Nro. 001-2007 (Sistema Nacional de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas), según el cual, el pago o gasto devengado se realiza “cuando se otorga la conformidad, luego de que el área responsable haya verificado, “la recepción satisfactoria de los bienes”. Y no lo hizo.
¿Cómo se explica entonces que esta funcionaria (que incluso forma parte del área usuaria) haya dado su conformidad de recepción, pese a que los bienes no habían ingresado al almacén? ¿Hubo algún trato oculto para favorecerse entre los funcionarios y la dueña de la empresa ganadora? Obviamente, este hecho huele a corrupción.
Buscamos a los responsables para contrastar la información, pero sólo logré comunicarme con el Jefe de almacén por la red social de Facebook, pero al saber que lo entrevistaría para que hiciera su descargo sobre la denuncia en su contra, se negó a responder. Después lo llamé por teléfono y no quiso responder. Entrevistamos al Secretario General del Sindicato de esa entidad de salud, pero dijo que desconocía a este respecto, lo que demostraría que hay un espíritu de cuerpo entre el sindicato y los funcionarios, aun cuando el sindicato no sólo debe velar por la defensa de los derechos de los trabajadores, sino también por la transparencia y la limpieza moral de la Institución.
Para la Contraloría, la propuesta de la empresa Pacífico Salud SAC no debió ser admitida, sino descalificada. En consecuencia, los miembros del Comité no realizaron una buena calificación y evaluación de acuerdo con los requisitos exigidos en las bases integradas, al transgredir los artículos 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Han faltado a sus deberes que le impone el servicio público, porque no salvaguardaron los intereses del Estado ni emplearon austeramente los recursos. Incluso, como el proceso de selección tuvo muchos vicios, éste debió ser anulado, por lo que incurrieron en falta disciplinaria e incluso en delitos penales.
Pero los funcionarios no sólo son pasibles de ser procesados administrativamente, sino demandados civilmente y denunciados penalmente. Según el abogado penalista Dante Medina Gutiérrez, los funcionarios que formaron el Comité de licitación y los que resulten responsables habrían cometido un concurso de delitos, entre ellos el delito de Colusión. “La Licitación Pública habría sido planeada para organizar la compra, previo acuerdo colusorio, supuestamente con el objeto de direccionar las bases de la licitación pública para favorecer a los funcionarios y a la proveedora Gladis Mendoza Malca, y al parecer defraudar así a la entidad de salud del Estado desde los actos preparatorios”, explicó para este medio el abogado Medina Gutiérrez. “Conforme al Art. 384 del Código Penal, los funcionarios podrían ser reprimidos con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Y es deber del ministerio Público iniciar la investigación preliminar y luego pasar a la etapa de la investigación preparatoria”, agregó el letrado. La ciudadanía exige que el Ministerio Público acelere la investigación, tipifique el delito y sancione a los responsables, y finalmente los destituya.
Si bien es cierto que en la UESCA ronda el fantasma de los ecógrafos, lo que sí es una realidad es la marcada estela de pobreza, miseria y desnutrición crónica de los niños pobres que deja a su paso la corrupción con impunidad en estos pueblos olvidados por el Estado hace siglos, lo cual indigna cada vez más a las poblaciones más deprimidas, y podría ser un caldo de cultivo para un estallido social.
