Por Luis Rodríguez
Siguiendo con el plan trazado por la derecha, el programa ‘Punto Final’ volvió a la carga contra el Secretario General de Perú Libre, Vladimir Cerrón, revelando que el suboficial PNP Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, quien fuera asignado a la seguridad del actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, viene resguardando al dirigente del lápiz.
Inmediatamente después de conocerse la noticia, el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, aseguró en su cuenta de twitter que las personas que infrinjan las normas van a ser “perseguidas, investigadas y sancionadas”.
“No hay ninguna disposición desde el Mininter y la PNP” y dijo que ha ordenado «que se realicen inmediatamente las investigaciones para sancionar severamente a los responsables que infringen las normas y las directivas de la PNP». Escribió.
Realmente no entendemos la conducta del actual ministro que trata a los dirigentes de Perú Libre, como si se tratara de una “banda criminal de alta peligrosidad”.
¿Por qué tan acucioso y diligente contra las acciones emprendidas por este sistema corrupto que responde a una oligarquía racista y vende patria, que solo tiene como objetivo encausar en sendos “delitos” a la dirección de Perú Libre, para descabezar la organización y confundir al movimiento?
¿Qué parte no entiende el ministro Carrasco? ¿Es que acaso ignora que todas estas maniobras legalistas y este feroz ataque contra los dirigentes del partido, forma parte de una estrategia de la derecha oligopólica para debilitar la presidencia de Castillo, separándolo de Perú Libre y moldear un gobierno acorde a sus intereses económicos?
Sobre el tema, el Jefe de la VI Macro Región Policial Junín-Huancavelica, general PNP Roger Arista Perea, señaló que esta irregularidad deberá ser investigada por la inspectoría de la PNP. Asimismo, señalo que señalo que Zárate Villalobos no tiene como función resguardar a Vladimir Cerrón y que podría hacerlo en sus días de franco “en las que no se tiene un control”.
Nueva denuncia
Por otra parte, pareciera que hay una competencia de parte del poder judicial para ver quien denuncia más y mejor, para sacar de carrera a Vladimir Cerrón. La fiscal anticorrupción de Junín Mary Huamán, ha pedido 2 años y 11 meses de prisión para Vladimir Cerrón y a otros 7 exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín, acusados de malversación de fondos por el presunto desvío irregular de 2.8 millones de soles, destinados para la Obra de reforestación de la margen derecha del Valle del Mantaro. Asimismo, pidió para todos los comprendidos en la denuncia, la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dos años y 11 meses y una reparación civil de S/100 mil, que deberán cancelar en conjunto.
La parte acusadora señalo que en el 2012 se habría desviado irregularmente S/2′880.088 del presupuesto destinado a los trabajos de reforestación de la margen derecha del valle del Mantaro. El dinero se habría usado en otros proyectos como el Puente Comuneros y otras nueve obras.
Sin embargo, el abogado de la defensa, Luis Mayhua, indicó ante el juez Guido Arroyo Ames, que este caso prescribió el pasado 3 de enero por haber ocurrido en el 2012, negando cualquier irregularidad en la ejecución del presupuesto y solicitando que su cliente sea absuelto, ya que no existen elementos de prueba ni tipicidad que configuren una acusación por una malversación de fondos contra su patrocinado.
El juicio ha sido suspendido hasta el 10 septiembre, fecha en que el juez en mención deberá pronunciarse sobre el tema.
A todas luces esta denuncia forma parte de la escalada de demolición contra uno de los líderes más representativos de la izquierda peruana, el cual es blanco de toda la maquinaria de los poderes fácticos que intentan neutralizar su gran ascendencia sobre las grandes mayorías del país.
