El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que los policías y militares hicieron uso desproporcionado y letal de la fuerza, que causó la muerte de 49 personas y que en algunas regiones (Ayacucho, Andahuaylas, Puno, etc.) podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”. El organismo recomendó al gobierno que realice investigaciones de manera diligente por fiscales especializados en derechos humanos y los juzgamientos por tribunales imparciales en plazos razonables.
Redacción, revista Libertad, 04/05/2023
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre la situación de Derechos Humanos en Perú, en el contexto de las protestas, en el que confirma que se produjo graves violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado peruano durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, el Congreso de la República y en demanda del adelanto de elecciones.
El informe constituye un serio cuestionamiento a un régimen que lleva en el poder cinco meses y establece una serie de evidencias sobre el abuso de la fuerza en el control de las manifestaciones.
Una de las conclusiones más resaltantes del documento tiene que ver con hechos que señalan responsabilidad del Estado peruano. El reporte —que analiza con detalle la represión en Puno y Ayacucho— señala que detrás de las muertes de los ciudadanos en ambas regiones existen elementos que pueden encajar en la figura de ejecuciones extrajudiciales.
“Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, menciona el documento en cuanto a los hechos ocurridos en Ayacucho.
Este informe indica el uso excesivo de la fuerza de policías y militares durante la represión a las recientes protestas en Perú. En las últimas manifestaciones murieron 49 civiles directamente durante las acciones policiales y militares, también personas que no protestaban y menores de edad, otros 11 en circunstancias de los bloqueos, y seis militares y un policía. También se han identificado en estos meses 1.785 heridos, señala la Defensoría del Pueblo.
“La CIDH registra con preocupación en regiones caracterizadas por una considerable presencia de población indígena y campesina (…) se registraron los episodios de mayor letalidad, así como las más graves denuncias del uso excesivo de la fuerza”.
El informe resalta las necropsias realizadas a los cuerpos de los fallecidos en las que se constata que la causa de las muertes son Proyectiles de Arma de Fuego (PAF), como balas, perdigones y objetos contundentes.
“Al respecto, durante una reunión sostenida con autoridades del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal indicó que todas las personas fallecidas en estos hechos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las víctimas”, menciona sobre los hechos ocurridos en Juliaca, región Puno.
La CIDH ha plateado 36 recomendaciones al Estado Peruano, entre las que se encuentran la modificatoria de las normas para prohibir el uso de armas en el control de las protestas. “Asegurar que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles”.
“Además, recomendó al Perú adoptar las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de las víctimas de las protestas estén bajo el mando de fiscales especializados en derechos humanos con la intención de que los procesos se realicen de manera “célere, independiente y con las garantías judiciales pertinentes”, menciona Ojo Público.
El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, indicó que las recomendaciones formuladas por la CIDH en este informe deberían ser cumplidas por el gobierno de manera obligatoria, y es que la organización es parte del Tratado de la Convención Americana sobre DDHH, al que está suscrito el Perú.
Asimismo, indicó que la CIDH realiza seguimiento de sus recomendaciones y, luego, informa a la Asamblea de Estados Americanos. Además, la sociedad civil puede hacer seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones, solicitando audiencias de control, las cuales pueden realizarse tres veces al año.
“La CIDH también tomó conocimiento de la campaña de estigmatización en contra de los manifestantes por parte de las autoridades. En esta línea, señaló que el “terruqueo” ha sido utilizado para justificar el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias”, señaló Ojo Público.
“La estigmatización tiene el potencial de poner a las personas manifestantes en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques”, indica
En el caso de la dictadura Añez en Bolivia, el informe de la CIDH es siilar al Informe de la CIDH contra Boluarte. Después del informe, Añez fue encarcelada. Al parecer este sería el destino de Boluarte, aunque ella subestima el informe.
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