Escribe Pedro Galván
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Revista libertad, 12-setiembre, 2021 (Perú)
El viernes 10 de este mes, la Fiscalía efectuó una denuncia constitucional contra el corrupto expresidente Pedro Pablo Kuczynski que purga condena con prisión domiciliaria, por los delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo, con relación al indulto otorgado al genocida exmandatario Alberto Fujimori, responsable de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La fiscal Zoraida Ávalos presentó la denuncia ante el Congreso de la República con el objeto de retirarle la inmunidad legal a Kuczynski, beneficio del cual gozan los expresidentes peruanos durante cinco años, luego de haber dejado el cargo.
Fiscalía denunció a Pedro Pablo Kuczynski por el caso de la presunta compra de votos en el Congreso para evitar la vacancia a cambio de conceder el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Kenji Fujimori, también es denunciado por tráfico de influencias y cohecho activo.
Según el Ministerio Público (MP), Kuczynski indultó a Fujimori, pese a que cumplía 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, para evitar ser destituido por el Congreso ante sus vínculos con el caso de corrupción y sobornos asociados a la constructora brasileña Odebrecht.
Asimismo, el MP profundizó en la existencia de pruebas contra el corrupto excongresista Kenji Fujimori, hijo del genocida, por delitos de tráfico de influencia agravado y cohecho activo genérico, en condición de autor, y en agravio del Estado.
Asimismo, fue denunciado el exministro de Justicia, Enrique Mendoza, y el extitular de la cartera de Salud, Fernando D’ Alessio, por el delito de cohecho pasivo propio, en rol de cómplices primarios. Ellos, junto a Kenji, serán procesados al carecer de inmunidad.
Respecto del indulto de Fujimori, la entidad judicial indicó que éste se firmó al amparo de una serie de irregularidades, por lo cual la justicia lo anuló en octubre de 2018 y le ordenó cumplir su condena hasta el término en 2033.
Actualmente, como se indicó, Kuczynski está bajo régimen de arresto domiciliario por su implicación en el caso de lavado de dinero entre Odebrecht y su empresa Westfield Capital, por lo cual el fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, pidió en su contra una orden prohibitiva de salida del país, y una medida de comparecencia con restricciones.
