Bajo el pretexto del fallido autogolpe por Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2020, la policía detuvo ilegalmente a éste, lo cual fue respaldado por las FFAA, por instrucciones del fujimorismo (Williams y demás golpistas del Congreso, ex militares montesinistas, quienes traman en las sombras), por ser el presidente un provinciano, o más bien, por razones de racismo, clasismo e intereses económicos, lo que constituyó un golpe de Estado.
En tanto que el Congreso, utilizando la investidura de la vicepresidenta Dina Boluarte, consiguió la vacancia (destitución) del presidente, de manera inconstitucional, tras 18 meses de mandato, sin el debido proceso, esto es, sin una moción de vacancia, sin los votos para ella, sin antejuicio, que, para el abogado argentino Guido Croxato –la autoridad en derecho penal-, constituye una ilegalidad.
EEUU y los golpistas tenían todo listo, su marioneta (Dina Boluarte), una banda presidencial para que ésta juramentara como presidente de la república, y un discurso para que leyera, pese a que ella había jurado y re jurado que no traicionaría al Presidente Castillo.
La mayoría de intelectuales más serios y políticos demócratas de América Latina, coincide en la aserción de que esa vacancia es express y constituye un golpe parlamentario, bajo el disfraz de interpelaciones legales supuestamente legítimas. Las fuerzas Armadas y policiales no fueron ajenas al golpe, dieron su respaldo al Congreso, e incluso estuvieron presentes en él los altos mandos de la FFAA para demostrar ese respaldo, antes del golpe. Incluso, Castillo fue objeto de tres golpes: golpe militar, policial y parlamentario, según Héctor Béjar.
El golpe parlamentario en el Perú ha seguido el mismo patrón norteamericano de los golpes parlamentarios en Paraguay contra Fernando Lugo, en Honduras contra Manuel Zelaya y en Brasil contra Dilma Rousseff.
Y, luego de estos golpes, las fuerzas reaccionarias los festejaron junto con el fujimorismo keikista y albertista como festejan los bandidos su botín, tras un salto a un banco.
Luego de ello, se ha organizado una dictadura cívico-militar en la que la presidente es manipulada cual marioneta “por las fuerzas de extrema derecha del Congreso (el fujimorismo y compañía), en alianza con las FFAA, la Fiscalía de la Nación y los medios de comunicación limeños y con apoyo internacional”, según escribe la brillante socióloga mexicana y doctora en estudios latinoamericanos, Fabiola Escárzaga.
En consecuencia, en el Perú, ha surgido una dictadura congresal fujimorista con su mascarón de proa (Dina Boluarte), que ha anulado el balance de poderes controlando y sometido al Ejecutivo, al Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Sigue el mismo patrón de la dictadura de Alberto Fujimori de los años 90 del siglo pasado. Como escribe para La República la doctora en Ciencia Política Jo-Marie Burt, estamos en el segundo fujimorismo. Para decirlo en los términos de Marx, se repite la historia, la primera como tragedia y la segunda como comedia. Estamos en la 2da dictadura fujimorista tragi-cómica, en comparación con la primera que fue trágica.
Las masacres en el sur andino por las FFAA y las FFPP que cobró la vida de 70 peruanos fue una orden del fujimorismo y compañía que salió del Congreso. Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros, le rendía cuentas a José Williams, el ex militar montesinista, presidente del Congreso- quien sería el autor intelectual del golpe de Estado contra Castillo- y la bancada fujimorista, hasta la adulación. “Hemos expuesto con transparencia-declara Otárola Peñaranda, con sumisión y servilismo-, con sinceridad los ejes que llevará el gabinete que yo presido, y hemos pedido respetuosamente que evalúe la posibilidad de darnos la confianza. Yo quiero agradecer a través de ustedes, nuevamente, a una bancada (la del fujimorismo y satélites) que ha estado a la altura de las circunstancias y que sin ningún tipo de condicionamiento nos ha ayudado y nos sigue ayudando a superar algunos obstáculos de gobernabilidad que estamos seguros vamos a hacerlo en la perspectiva de garantizar la paz, la vida y un adecuando proceso democrático en favor de todos los peruanos. La bancada de Fuerza popular que es una bancada democrática que está apoyando la gobernabilidad del país, claramente está diferenciando quiénes defienden la democracia y quiénes no la defienden…”
Fue la mayoría de congresistas fujimoristas y topos, entre ellos Alejandro Aguinaga, María Cordero, Héctor Ventura, etc., todos ellos de Fuerza Popular, la que azuzó al Ejecutivo y las FFAA masacrar, torturar y secuestrar a los manifestantes de las regiones de Ayacucho, Andahuaylas, Puno y Cusco, por el sólo hecho de tener el color de piel indígena y mestizo y por ser de clase social pobre. También los congresistas a saber: Alejandro Cavero, Patricia Chirinos, los ex militares José Cueto, Jorge Montoya, encabezados por José Williams, el primero de Avanza País y el segundo de Renovación Popular, azuzaron a asesinar manifestantes. Todos ellos racistas y clasistas, engendros políticos del dictador Alberto Fujimori.
Ningún congresista fujimorista ni compinche de bancadas de fachada interpeló al Premier ni a los ministros (Interior y justicia) por perpetrar masacres, torturas y terruqueo.
Hace poco, a través de un pronunciamiento emitido por Fuerza Popular, Keiko Fujimori ordenó a Dina Boluarte para que su gobierno no interviniera en el caso Joaquín Ramírez. Y es que el Ministro del Interior y el de Justicia habían participado en un operativo de incautación de bienes de Joaquín Ramírez por mil millones de dólares. El ministro del Interior declaró incluso que el caso Ramírez se trataba del segundo “caso más grande de lavado de activos” en el Perú después del caso Orellana. A través de Otárola, Boluarte acató a pie juntillas las órdenes de Fujimori. Eso explicaría el retiro del Ministro de Justicia del Consejo de Ministros que coincide con la participación de éste en el operativo de incautación de los bienes de Ramírez.
«Es cierto que la ultraderecha (el fujimorismo y fachistas)-escribe Gustavo Gorriti-consiguió hegemonía en el Congreso. Y también es cierto que ha logrado subordinar (avasallar puede ser más preciso) al Poder Ejecutivo». Pero Gorriti y demás intelectuales que dependen de las ONGs ocultan que el régimen de Boluarte es una dictadura parlamentaria, y es que a los caviares les convenía el golpe, porque con ello, recuperaban sus privilegios de publicidad millonaria y jugosas consultorías; salvo cuando se vieron en peligro los intereses de los caviares, cuando el Congreso pasó a copar la Defensoría del Pueblo, gran parte del Ministerio Público, la JNJ, controlados por ellos. Desde entonces Hildebrandt del semanario, Mohme de la República, representantes del caviaraje, dieron un grito al cielo: “¡Esto es una dictadura parlamentaria!”.
La fiscalía de la nación como el Poder Judicial están sometidos al poder político, a las órdenes del Congreso salpicado en gran parte de pintura naranja. Han garantizado la impunidad para militares y soldaos que asesinaron, torturaron y terruquearon a los peruanos sólo por hacer uso de su derecho a la protesta. Pero, por órdenes de ex militares montesinistas, corruptos, que constituyen la línea dura del fujimorismo en el Congreso, Patricia Benavides comanda la detención de dirigentes inocentes, y en tiempo record dicta prisiones preventivas contra éstos, y los jueces cometen prevaricato imputando falsos delitos a los dirigentes y al propio ex presidente Pedro Castillo, sin el debido proceso. Son operadores políticos de la dictadura mortífera.
La dictadura congresal con su mascaron de proa ha hecho de la PNP su policía política. El fujimorista Oscar Arriola es su general del operativo político, quien siembra armas blancas a dirigentes campesinos para perseguirlos, y dirige la captura de otros dirigentes estigmatizándolos y rotulándolos de terroristas (el caso de Rocío Leandro, presidente del FREDEPA, es una muestra y obra del embustero general terruqueador). Arriola también se toma fotos con los cabecillas fascistas de La Resistencia y Los Patriotas, lo que demuestra su complicidad e incluso su alianza con estas bandas de lúmpenes.
Finalmente, el objetivo principal de la lucha del pueblo el 19 de julio debe ser el derrocamiento de la dictadura y el fascismo y la libertad del Presidente Pedro Castillo con la proyección de un referéndum para una Asamblea Constituyente y nueva Constitución.
